San Pedro de Macorís,RD. Santo Domingo.
La Asociación Dominicana de Defensores Públicos (ADDP), en la persona de su presidenta, la Lcda. Ruth Esther Ubiera Rojas, quien actúa a nombre y representación del conglomerado de defensores públicos y todo el personal que integra y representa el capital humano de la institución, hace de público conocimiento las irregularidades evidenciadas por el Departamento de Recursos Humanos de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP).
En fecha 21 de diciembre del 2020, la ADDP presentó una Denuncia por Faltas Graves cometidas la Lcda. Julissa Vásquez Vásquez, Encargada del Departamento de Recursos Humanos y la Lcda. Candelaria Andrea Reyes Rodríguez, Encargada de la División de Nómina, ante el Director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, con la finalidad solicitar información sobre las anomalías administrativas que afecta tanto a empleados de carrera, fijos y contratados de la institución, descritas a continuación:
1. Atrasos en los pagos de las labores extraordinarias de los Defensores Públicos y abogados contratados desde julio de 2020 hasta la fecha;
2. Atrasos en los pagos de los viáticos desde qué fecha;
3. Atrasos en los pagos del bono vacacional aplicables al periodo 2021;
4. Atrasos en el doble sueldo o salario 13 para el personal que trabajaba con anterioridad en la institución como abogados contratados y que actualmente son Defensores Públicos;
5. Atrasos en el pago de compensación de Analistas de Casos;
6. Compensación de Coordinadores de las Oficinas Departamentales y de Distritos Judiciales;
7. Compensaciones de Coordinadores Interinos de las Oficinas Departamentales y de Distritos Judiciales;
No obstante, hasta la fecha, la Dirección de la ONDP, no ha realizado ningún tipo de pronunciamiento sobre la denuncia ya descrita. Por vías de consecuencia, en fecha 03 del mes de febrero del presente año, se presentó un Recordatorio Amigable sobre el Deber de Responder la Solicitud de Denuncia, depositada en fecha 21 de diciembre 2020, ante la Dirección de la ONDP, con relación a la rendición de cuenta relativa a las funciones administrativas e irregularidades presentadas durante la gestión de la Lcda. Julissa Vásquez Vásquez, Encargada del Departamento de Recursos Humanos y la Lcda. Candelaria Andrea Reyes Rodríguez, Encargada de la División de Nómina, la cual, corrió con la misma suerte de la primera comunicación, respecto a la falta de respuesta por parte de la institución.
Ante el silencio administrativo, la ADDP elevó la denuncia ante el Consejo Nacional de la Defensa Publica por Faltas en el Ejercicio de las Funciones Administrativas y de Gerencia Institucional, donde fue solicitado lo siguiente: que se ordene una investigación a los fines de constatar los atrasos en los pagos denunciados y aplicar de forma inmediata las medidas necesarias a los fines de hacer cesar las vulneraciones derivadas por la falta de los pagos mencionados, a los fines de que la situación no continúe ni se prolongue en el tiempo.
Es preciso destacar que, como consecuencia en los atrasos de los pagos, existe una afectación directa en los compromisos personales de cada empleado de la Defensa Pública, colocándolos en un estado de inestabilidad e inseguridad laboral, lo cual vulnera los derechos y beneficios que forman parte del derecho fundamental al trabajo, así como una afectación directa a la dignidad de cada empleado de la institución por la falta de debida diligencia y cuidado administrativo, cumplimiento de funciones, efectividad, objetividad, celeridad y conciencia funcional del personal de Recursos Humanos de la ONDP ya denunciado. De igual modo, esta situación evidencia la falta de eficacia en la gerencia y de la tutela administrativa efectiva en la persona del Lcdo. Rodolfo Valentín, Director Nacional de la Oficina Nacional de Defensa Pública, quien, por omisión e inercia, se ha hecho cómplice de la situación por espacio de siete meses.
Debemos recordar que, en los días del 05 al 07 de agosto de 2020, los Defensores Públicos realizaron un paro de labores por la interrupción del pago del bono vacacional respecto del periodo de marzo a agosto de 2020, el cual fue suspendido por medio del Oficio núm. 0004429 de fecha 17 de julio de 2020 emitido por el Ministerio de Administración Pública. Sin embargo, aún existe incertidumbre sobre este aspecto, específicamente ante el silencio institucional, toda vez que la Dirección tampoco ha indicado si está realizando acciones en contra de dicha suspensión que anula la aplicación de un beneficio que se ha sido pagadero desde el nacimiento institucional, aun cuando la ONDP era dependiente del Poder Judicial.
A todas luces el personal de carrera, fijo y contratado de la ONDP atraviesa una de sus peores épocas, pues desde el año 2016 está luchando por la dignidad salarial y mejores condiciones laborales. Empero, en pleno 2021, la lucha se ha intensificado debido a las regresiones respecto a derechos ya adquiridos y conquistados, como es el pago del bono vacacional, lo cual mantiene al capital humano de una de las instituciones más importantes para la administración de la justicia penal, como es la Oficina Nacional de Defensa Pública, en estado de inseguridad y descontento laboral.
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